Examinando por Autor "Ortiz, Lila Jimena"

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    Informe de seguimiento a la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera
    (Dirección nacional de promoción y divulgación de los derechos humanos -- Dirección nacional de defensoría pública -- Dirección nacional de atención y trámites de quejas -- Dirección nacional de recursos y acciones judiciales -- Defensoría delegada para los asuntos agrarios y tierras. -- Defensoría delegada para la prevención de riesgos y violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario – Defensoría delegada para los derechos de la población en movilidad humana – Defensoría delgada para los asuntos constitucionales y legales (FA) -- Defensoría delgada para los derechos económicos, sociales y culturales -- Defensoría delgada para el derecho a la salud y la seguridad social -- Defensoría delgada para la orientación y asesoría de las víctimas del conflicto armado -- Defensoría delgada para los derechos colectivos y del ambiente -- Defensoría delgada para los derechos de las mujeres y los asuntos de género -- Defensoría delgada para los grupos étnicos -- Defensoría delgada para la infancia, la juventud y el adulto mayor -- Defensoría delgada para la política criminal y penitenciaria -- Defensoría delgada para la prevención y la transformación de la conflictividad social -- Defensoría delgada para la protección del derecho al deporte -- Defensoría delgada para la protección del derecho de ambientes digitales y libertad de expresión, 2022) Patricia Lora, Ledys; Martínez, Ana María; Ortiz, Lila Jimena; Salcedo, Miriam Katerine
    El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, se constituye en el instrumento esencial para articular una serie de programas necesarios para mejorar la situación de inequidad presente en nuestra ruralidad colombiana. Este Acuerdo, que marca un hito en nuestro país, incluye acciones afirmativas en pro del desarrollo rural para el beneficio de nuestras comunidades étnicas y campesinas, en una perspectiva de género, como también acciones tendientes al perdón y reconciliación entre los diversos actores que han hecho parte de la historia del conflicto armado en el país.
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    Informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera
    (Defensoría del Pueblo, 2023) Lora, Ledys Patricia; Martínez, Ana María; Ortiz, Lila Jimena; Salcedo, Miriam Katerine
    El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, se constituye en el instrumento esencial para articular una serie de programas necesarios para mejorar la situación de inequidad presente en nuestra ruralidad colombiana. Este Acuerdo, que marca un hito en nuestro país, incluye acciones afirmativas en pro del desarrollo rural para el beneficio de nuestras comunidades étnicas y campesinas, en una perspectiva de género, como también acciones tendientes al perdón y reconciliación entre los diversos actores que han hecho parte de la historia del conflicto armado en el país. Se puede afirmar sin dubitación alguna y como ya ha sido sugerido en otros espacios de verificación, que la implementación del Acuerdo Final le ha devuelto a la Nación la esperanza de transitar progresivamente y en el marco de la legalidad, hacia un futuro sin conflicto armado, culminando así los diversos esfuerzos que con el mismo propósito han tenido lugar en nuestro país. Ese instrumento, elevado a la categoría de Política de Estado en virtud del Acto legislativo 02 de 2017, que garantiza el derecho a la paz vincula a todas las autoridades públicas a su cumplimiento de buena fe y durante los tres períodos presidenciales posteriores a la firma, estableciendo a su vez que los contenidos en materia de DIH y de derechos humanos constituyen parámetros de interpretación y referentes de desarrollo y validez de las normas de implementación y requiere, como lo precisó la Honorable Corte Constitucional, de una parte, su implementación normativa por los órganos competentes y de conformidad con los procedimientos previstos en la Constitución para el efecto, y de la otra, la adopción de diversas decisiones o medidas por parte de las autoridades públicas orientadas a garantizar su desarrollo y ejecución, las cuales en su interpretación y aplicación han de guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, objetivos, compromisos, espíritu y principios del Acuerdo Final.