Abstract
En el presente caso, el Consejo de Estado estudió la viabilidad de declarar la responsabilidad estatal por el daño que padecieron las presas por el hacinamiento al que fueron sometidas, así como ordenar la reparación de los perjuicios a los bienes constitucionalmente protegidos, en este caso, a su dignidad e integridad, como consecuencia de las condiciones inhumanas que debieron soportar durante su reclusión.