Carrillo Flórez, FernandoBeltrán Beltrán, AdrianaCamargo Assis, Carlos ErnestoFajardo Arturo, Luis AndrésSánchez Rojas, Ángela MaríaMedina Ramírez, CarlosGonzález, Carmen MaritzaMéndez, MyriamDajer Barguil, Diana María2022-05-052022-05-052021https://hdl.handle.net/20.500.13061/368Esta cartilla se publica para dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia STC7641 del 22 de septiembre de 2020), en fallo de tutela de segunda instancia. Ello a causa de evidenciar una problema ca nacional en la intervención de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó a las autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales, adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pací ca y no destructiva. Allí se dispuso que en el desarrollo de un mi n, reunión o acto de protesta las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos debían contar con planes de fácil comprensión y acceso para obtener acompañamiento y asesoría jurídica para quienes, en actos de protesta, resulten o se hayan visto afectados por un uso desmedido de la fuerza desplegada por el personal al mando de la seguridad de las manifestaciones. Tanto la PGN como la Defensoría del Pueblo han identificado que sus funciones en materia de seguimiento y garantia de las movilizaciones ciudadanas abarcan la protección de los derechos de toda la ciudadanía durante tres momentos: antes, durante y después de la movilización pací ca, de manera que se permita transformar el conflicto social subyacente a través del diálogo social sostenido y con la concurrencia de las entidades en cada etapa y en la materia que responda a las causas del conflicto o de los conflictos identificados y priorizados.esmovilizaciones ciudadanasMinisterio públicoprotestanormasmanifestantescentros de trasladosPNGMovilización socialDialogo socialBookAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional