Córdoba Ordoñez , María ConstanzaLeón Martinez, Jenyth ShulayMoreno Santana, John HenryOsorio Mejia, José ManuelPerico Torres, María Camila2024-04-182024-04-182023https://hdl.handle.net/20.500.13061/699La Defensoría del Pueblo, en su calidad de entidad del Ministerio Público encargada de “velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos” y en el marco de sus funciones legales, constitucionales y jurisprudenciales, a través de la Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana ha venido haciendo un seguimiento al acceso y ejercicio de los derechos de la población desplazada, así como al cumplimiento de los mandatos de la honorable Corte Constitucional en el marco de la Sentencia T-025 de 2004. Este seguimiento se ha concentrado en la situación de vulneración de derechos de los pueblos Jiw y Nükak en los departamentos de Meta y Guaviare, víctimas de desplazamiento forzado. En un contexto histórico de riesgo de exterminio físico y cultural, evidenciado por la Corte Constitucional en la emisión del Auto 004 de 2009, la Defensoría del Pueblo ha registrado, sistematizado y analizado las diversas circunstancias de vulneración, así como la evaluación de la respuesta institucional para superarlas en los últimos años.esPueblos Jiw y NukakDesplazamiento forzadoAyuda humanitariaComunidad indígenaDerecho a la reubicaciónDerecho a la autonomiaBook