Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalRamírez Bolívar, LucíaGallardo Muñoz, Laura IsabelRamírez Bolívar, LucíaGallardo Muñoz, Laura IsabelGómez Ruiz, ElizabethOrozco Roa, Paula AndreaGaray, Javier FilippoEscobar Osorio, Diana2021-12-222021-12-222021978-958-5117-49-5https://hdl.handle.net/20.500.13061/66Atendiendo las obligaciones contempladas en los tratados internacionales de derechos humanos, así como en la Constitución Política, el Estado colombiano ha hecho esfuerzos para responder a las necesidades de la población migrante y refugiada proveniente de Venezuela en situación de vulnerabilidad que llega al país. Así, se han adoptado medidas para avanzar en la regularización migratoria por medio de la creación del Permiso Especial de Permanencia (PEP)2, se han atendido las urgencias médicas, se ha garantizado de manera excepcional el acceso a la nacionalidad a niños y niñas nacidos en Colombia, de madres y padres venezolanos, y se ha promovido el acceso de niños, niñas y adolescentes migrantes al sistema educativo. Sin embargo, persisten barreras de acceso a derechos como la salud, el trabajo y la educación superior.97application/pdfspaDefensoría del PuebloRepositorio Institucional de la Defensoría del Puebloinfo:eu-repo/semantics/openAccessDerechos de la población migranteAsesoría legalMigracióninfo:eu-repo/semantics/workingPaper