Cartillas

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Examinando Cartillas por Autor "Acebedo Pérez, Laura"

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    Herramienta pedagógica dirigida a facilitadores para el desarrollo del curso pedagógico Módulo I: Generalidades
    (Defensoría del Pueblo, 2023) Acebedo Pérez, Laura; Prado Hernández, Martha Ligia
    Una de las principales funciones de la Defensoría del Pueblo, establecida por mandato constitucional y legal es la de la promoción y divulgación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Así las cosas, el Decreto 25 de 2014, por el cual se modifica la estructura orgánica y se constituye la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, en el artículo 1, requiere que esencialmente le corresponde a la entidad velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos.
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    Herramienta pedagógica dirigida a facilitadores para el desarrollo del curso pedagógico Módulo II: Derechos de los niños, niñas y adolescentes
    (Defensoría del Pueblo, 2023) Acebedo Pérez, Laura; Prado Hernández, Martha Ligia
    Una de las principales funciones de la Defensoría del Pueblo, establecida por mandato constitucional y legal, es la de la promoción y divulgación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Así las cosas, el Decreto 25 de 2014, por el cual se modifica la estructura orgánica y se constituye la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, en el artículo 1, refiere que esencialmente le corresponde a la entidad velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. En ese sentido, la entidad ha asumido esta función no solo como una acción informativa, sino como un proceso de reflexión, de transformación y de acción frente al ejercicio de los derechos, a través de procesos de formación en ámbitos formales, no formales e informales; con la convicción de crear y mantener una cultura de práctica y ejercicio de los derechos humanos como aspecto fundamental de respeto a la dignidad humana. Es así que los procesos de formación buscan generar escenarios en los que a través de las actividades desarrolladas se puedan transformar prácticas de amenaza y/o vulneración de derechos, por acciones de respeto por las diferencias, por la vivencia y defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, cada proceso de formación debe contar con una estructura conceptual, pedagógica y metodológica. Por otro lado, la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, establece responsabilidades, competencias y acciones por parte de la familia, la sociedad y el Estado, con el fin de promover y garantizar el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Es decir, plantea el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.
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    Herramienta pedagógica dirigida a facilitadores para el desarrollo del curso pedagógico Módulo III: Protección integral
    (Defensoría del Pueblo, 2023) Acebedo Pérez, Laura; Prado Hernández, Martha Ligia
    Una de las principales funciones de la Defensoría del Pueblo, establecida por mandato constitucional y legal, es la de la promoción y divulgación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Así las cosas, el Decreto 25 de 2014, por el cual se modifica la estructura orgánica y se constituye la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, en el artículo 1, refiere que esencialmente le corresponde a la entidad velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. En ese sentido, la entidad ha asumido esta función no solo como una acción informativa, sino como un proceso de reflexión, de transformación y de acción frente al ejercicio de los derechos, a través de procesos de formación en ámbitos formales, no formales e informales; con la convicción de crear y mantener una cultura de práctica y ejercicio de los derechos humanos como aspecto fundamental de respeto a la dignidad humana. Es así que los procesos de formación buscan generar escenarios en los que a través de las actividades desarrolladas se puedan transformar prácticas de amenaza y/o vulneración de derechos, por acciones de respeto por las diferencias, por la vivencia y defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, cada proceso de formación debe contar con una estructura conceptual, pedagógica y metodológica. Por otro lado, la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, establece responsabilidades, competencias y acciones por parte de la familia, la sociedad y el Estado, con el fin de promover y garantizar el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Es decir, plantea el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.
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    Seguimiento a las Políticas públicas de juventud desde un enfoque de derechos humanos
    (Defensoría del Pueblo, Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez, 2024) Acebedo Pérez, Laura; Alzate Giraldo, Maura
    El informe defensorial Seguimiento a las Políticas públicas juventud desde un enfoque de derechos humanos, constituye una segunda entrega a la ciudadanía, funcionarios, funcionarias y juventudes sobre el seguimiento a la implementación de la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil. La primera entrega, realizada en el 2023, se plasmó en el primer informe defensorial de las juventudes denominado Sistema Nacional de Participación Juvenil, una herramienta para la participación e incidencia: diagnóstico y seguimiento a su implementación, el cual presentó un panorama general del primer año de implementación poselecciones de los Consejos de Juventudes.
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    Sistema nacional de participación juvenil, una herramienta para la participación e incidencia: diagnóstico y seguimiento a su implementación
    (2023) Acebedo Pérez, Laura; Alzate Giraldo, Maura; Duque Pulido, Camila; Castro Córdoba, Aneg
    El derecho a la participación es la facultad, prerrogativa o mínimo indispensable que tiene toda persona para intervenir en la vida social, política, económica y pública de su país. En tal sentido, es el derecho a elegir a sus representantes o a ser elegido, a participar en la dirección de los asuntos públicos mediante representantes o por medio directo, a ser escuchado por las autoridades públicas y a tener acceso en condiciones de igualdad a cualquier función pública. El ejercicio de este derecho en la población juvenil es fundamental para el fortalecimiento de la democracia en Colombia. En primer lugar, por la necesidad de incorporar sus contribuciones en las decisiones de políticas públicas y promover la incidencia de los y las jóvenes en la construcción y el diseño de su futuro y el futuro de la sociedad de la que hacen parte. En segundo lugar, para incluir y reconocer su contribución intelectual y su capacidad de movilización, constituyendo un aporte fundamental con perspectivas novedosas y creativas, necesarias para atender a los nuevos retos que los Estados enfrentan, en atención a las evoluciones históricas, socia les, políticas y económicas para la garantía de sus derechos.