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    Decisiones impostergables en materia de derechos humanos; Reforma rural integral y derechos del campesinado y de los pueblos étnicos.
    (Defensoría del Pueblo, 2026-04)
    El reciente reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional y la creación constitucional y estatutaria de la jurisdicción agraria son avances importantes para promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra, la garantía de la soberanía alimentaria y la sostenibilidad ambiental. En este contexto resulta fundamental reconocer que la protección del territorio y del ambiente constituye un eje transversal de los derechos del campesinado y de los pueblos étnicos, en tanto estos no solo representan espacios de explotación económica o agroalimentaria, sino escenarios de vida, paz, democracia y justicia social. Este nuevo marco constitucional refuerza la implementación del Punto 1 del Acuerdo Final sobre reforma rural integral, encaminado a mejorar el acceso, formalización y restitución de tierras; la creación de una jurisdicción agraria; la implementación de un catastro multipropósito; y la política de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.
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    Decisiones impostergables en materia de derechos humanos; Degradación ambiental, cambio climático y derechos de la naturaleza.
    (Defensoría del Pueblo, 2026-04)
    La situación ambiental del país es un factor determinante para la garantía de los derechos humanos y de la naturaleza, la sostenibilidad de los territorios, y la protección de comunidades históricamente expuestas a múltiples formas de vulnerabilidad. La deforestación, la expansión de economías extractivas ilícitas y los impactos del cambio climático no solo afectan los ecosistemas estratégicos, sino que inciden de manera directa en el acceso al agua, a la salud, a la seguridad alimentaria, al territorio, a la vida y a la dignidad de las personas.
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    Decisiones impostergables en materia de derechos humanos; Violencia armada, paz, seguridad y garantías democráticas.
    (Defensoría del Pueblo, 2026-04)
    El conflicto armado y la criminalidad organizada en Colombia continúan siendo de los principales desafíos para la garantía efectiva de los derechos humanos, la vigencia del Estado de derecho y la consolidación de una democracia incluyente. Pese a la suscripción del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en 2016, las violencias persisten y se reconfiguran, a lo cual se suma el carácter creciente, transnacional y altamente organizado de las estructuras de criminalidad, que inciden de manera determinante en la protección y garantía de los derechos humanos de la población. Asimismo, los retrasos estructurales en la implementación de las políticas de paz siguen impactando de manera profunda y diferenciada a amplios sectores de la población y a extensos territorios del país. Estas dinámicas no solo generan afectaciones humanitarias graves, sino que restringen el ejercicio de las libertades políticas, debilitan la participación ciudadana, erosionan la legitimidad institucional y afectan desproporcionadamente a la Naturaleza.
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    Decisiones impostergables en materia de derechos humanos; Desigualdad estructural y exclusión persistente.
    (Defensoría del Pueblo, 2026-04)
    La desigualdad persiste como uno de los principales obstáculos para el goce efectivo de los derechos humanos en Colombia y para la construcción de una paz estable y duradera. Aunque en los últimos años se registran avances en algunos indicadores sociales, estos no han sido suficientes para revertir brechas históricas de carácter territorial, étnico, de género y generacional. La pobreza, la informalidad laboral y la exclusión en el acceso a derechos básicos continúa afectando de manera desproporcionada a comunidades rurales, pueblos étnicos, mujeres, juventudes, personas mayores, personas con discapacidad y personas privadas de la libertad.
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    Decisiones impostergables en materia de derechos humanos; Recomendaciones para candidatas y candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República
    (2026-04)
    La Defensoría del Pueblo presenta este documento de recomendaciones en derechos humanos para quienes aspiran a la Presidencia y Vicepresidencia de la República. Estas elecciones abren un nuevo ciclo institucional en un contexto marcado por persistentes desafíos estructurales en materia de derechos humanos, convivencia democrática, superación de la vio lencia armada y confianza ciudadana en las ins tituciones.
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    Decisiones impostergables en materia de derechos humanos; Resumen
    (Defensoría del Pueblo; Delegada para la Justicia Transicional y el Derecho a la Paz, 2026-04)
    Recomendaciones dirigidas a candidatas y candidatos en las elecciones a Presidencia y Vicepresidencia de la República
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    Modelos de injusto penal desde la perspectiva de las normas objetiva de valoración y subjetiva de determinación
    (Defensoría del Pueblo, 2021-02) Goméz Pavajeau, Carlos Arturo; Gómez Barranco, María Marta
    El documento desarrolla un análisis jurídico y dogmático sobre los modelos de injusto penal a partir de la teoría de la norma, examinando la relación entre las normas objetivas de valoración y las normas subjetivas de determinación en la configuración de la antijuridicidad. Los autores estudian las principales corrientes doctrinales, tanto monistas como dualistas, y su evolución dentro del derecho penal contemporáneo, vinculándolas con la protección de los derechos fundamentales, el Estado social y democrático de derecho y los principios constitucionales. La obra propone una interpretación integral que articula la teoría penal, la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos como fundamento para la construcción y aplicación legítima del derecho penal.
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    Elementos para la actuación defensorial en el marco de los conflictos con un componente étnico
    (Defensoría del Pueblo; Delegada para los Indígenas y las Minorías Étnicas; Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos, 2018-05) Ruiz Sánchez , Carlos Ariel
    El documento “Elementos para la actuación defensorial en el marco de los conflictos con un componente étnico” presenta orientaciones conceptuales y metodológicas para la atención de conflictos intraétnicos, interétnicos e interculturales en Colombia. Analiza las causas, tipologías y dinámicas de estos conflictos, destacando su relación con la diversidad étnica, la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y los desafíos derivados de factores sociales, políticos, territoriales y culturales. Asimismo, propone criterios para la intervención institucional, priorizando el respeto por la autonomía de las comunidades, la protección de los derechos humanos y la transformación pacífica de los conflictos mediante mecanismos de diálogo, mediación y coordinación interinstitucional.
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    Resistir tras las rejas: Informe sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en Colombia.
    (Defensoría del Pueblo; Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, 2026-03) Rosero Peña, Cindy Cristina; Díaz Prieto, Leidy Carolina
    La Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato constitucional y en coherencia con el decálogo institucional, presenta el informe sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en Colombia. Este documento es fruto de un trabajo articulado entre la Delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género, las defensorías regionales y sus profesionales de las duplas de género, quienes han dedicado sus esfuerzos a documentar, analizar y visibilizar las condiciones en que se encuentran las mujeres privadas de la libertad, así como las barreras estructurales que enfrentan para el ejercicio de sus derechos.
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    Violencias invisibles: Panorama de la violencia por prejuicio hacia personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas
    (Defensoría del Pueblo, 2025) Cardenas Suárez, Magda; Rosero Peña, Cindy Cristina
    El informe "Violencias invisibles: panorama de la violencia por prejuicio hacia personas LGBTIQ+ en 2024", publicado por la Defensoría del Pueblo de Colombia en 2025, expone las graves vulneraciones de derechos humanos que enfrenta la población con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH). A través de un enfoque interseccional y territorial, el documento analiza cómo los prejuicios socioculturales arraigados se transforman en violencias cotidianas dentro de los ámbitos familiar, laboral y comunitario , manifestándose en su forma más extrema mediante homicidios y feminicidios motivados por la discriminación. Asimismo, el informe examina de manera crítica la persistencia de la violencia institucional y las barreras de acceso a la justicia, la salud y la educación , ofreciendo un balance sobre el cumplimiento de las políticas públicas locales y nacionales junto con recomendaciones orientadas a la erradicación del prejuicio y la inclusión social.
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    Hacer ambiente a los Derechos
    (Defensoría del Pueblo, 2025) Castro Buitrago, Erika; Velásquez Gallego, Pilar Rocio; Sánchez Pinzón, Ana María; Joya Martínez, Karol Daniela; Aristizábal Isaza, Andrés Felipe; García Villegas, Eduardo; Anaya Acevedo, Jesús Adolfo
    El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional de derechos humanos en materia ambiental de América Latina y el Caribe, ratificado en Colombia mediante la Ley 2273 de 2022 y respaldado por la Corte Constitucional en 2024. Este acuerdo funciona como una brújula ética y política que busca consolidar la democracia ambiental a través de cuatro pilares esenciales: garantizar el acceso oportuno a la información ambiental, asegurar la participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones, fortalecer el acceso a la justicia ante la vulneración de derechos colectivos y, de manera primordial, brindar medidas concretas de protección para las defensoras y defensores del ambiente y el territorio. Todo esto se implementa bajo enfoques diferenciales, de género e interseccionales para incluir activamente a las comunidades históricamente marginadas en el cuidado de la naturaleza.
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    Tu huella en lo público: Orientación para el buen ejercicio y transparencia en el servicio.
    (Defensoría del Pueblo, 2025-12) Galofre Campo, Silvana Patricia; Ramos Camacho, José Luis
    La confianza ciudadana en sus instituciones es un principio inquebrantable en toda democracia. La Defensoría del Pueblo, como alto comisionado para la protección y divulgación de los derechos humanos, no solo representa este principio, sino que tiene el deber de custodiarlo. Somos una entidad referente de la sociedad para encontrar equidad, integridad y justicia. Por ello, cada acto, cada decisión y cada interacción de los servidores públicos de esta entidad debe ser un reflejo de esos valores.
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    Catatumbo: Persistencia de la guerra y anhelos de Paz
    (Defensoría del Pueblo, 2025)
    El informe describe cómo el Catatumbo vive un ciclo histórico de guerra, abandono estatal y economías ilegales, agravado por la escalada violenta iniciada el 16 de enero de 2025 entre el ELN y las disidencias del Frente 33, que provocaron desplazamientos masivos, confinamiento, amenazas y múltiples vulneraciones a la población civil.
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    ABC de instancias de articulación para la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes.
    (Defensoría del Pueblo, 2025) Nicolás Enrique Yaneth Gonzalez; Natalia Abondano Montoya
    Mediante el Decreto 2081 de 2019 se crea la comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de niñas, niños y adolescentes por grupos armados al margen de la ley (CIPRUNNA), cuyo objeto es promover la garantía y cumplimiento de los derechos de menores de edad, el diseño, ejecución de políticas públicas de protección integral y el fortalecimiento institucional, social y familiar para reducir los factores de riesgo que dan lugar al reclutamiento y utilización de esta población.
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    El catatumbo en crisis: desafíos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
    (Defensoría del Pueblo, 2025) Despacho de la Vicedefensoría del Pueblo; Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y D.I.H.
    Desde comienzos de este año, la región del Catatumbo —la cual abarca los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, Ábrego, El Tarra, Tibú y Sardinata— en el departamento de Norte de Santander, ha sido escenario de una crisis particularmente grave. En ella, ha habido un considerable impacto para la población civil, en términos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
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    Modelo pedagógico de educación en derechos humanos
    (Defensoría del Pueblo, 2026-04) Bahos, Leonardo; Benavides Becerra, Zonia; Benítez Páez, Luis; Cárdenas Caicedo, Marcela; Coronado Calderón , Samuel; Mejía, Angela María; Ochoa Carreño, Germán; Rodríguez, Rafael; Salinas, Luz Marina; Sandoval Aguirre, Manuela
    El modelo pedagógico es un marco conceptual y metodológico que orienta el diseño, la implementación, el acompañamiento y la evaluación de los procesos de educación en derechos humanos de la Defensoría del Pueblo.
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    Herramientas para la aproximación a los Derechos Humanos, a los derechos colectivos y la reparación integral de los pueblos étnicos en Colombia
    (Defensoría del Pueblo, Delegada para los Grupos Étnicos, 2024) Camargo Assis, Carlos; Balanta Mina, Julio Luis; López Jaramillo, Patricio; Ramirez Herrera, Álvaro
    La Defensoría del Pueblo, con el apoyo de la Universidad de Santander, pone a disposición de los pueblos étnicos del país este material de consulta orientado a la promoción de los derechos humanos, los derechos colectivos étnicos, la jurisdicción de justicia indígena, el capítulo étnico del acuerdo de paz, la reparación integral para los pueblos étnicos en Colombia, entre otros temas. Esperamos que este material de consulta que contiene conceptos básicos sobre los temas propuestos se constituya en una herramienta pedagógica, ampliamente compartida y divulgada en los espacios de encuentro y reflexión de las comunidades étnicas, sus autoridades, líderes y lideresas en torno a los derechos humanos.
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    Hallazgos en la implementación del protocolo defensorial que verifica los derechos de la infancia y adolescencia beneficiaria del PAE
    (Defensoría del Pueblo, Delegada para la Infancia y la Vejez, 2025) Díaz Cárdenas, Icela; García Guerra, Diana Patricia; Duque Pulido, Camila
    El boletín presenta los hallazgos sobre la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Colombia, basado en la aplicación de un protocolo defensorial en 109 instituciones educativas de 23 departamentos. Se identificaron problemas en calidad e inocuidad de los alimentos, continuidad del servicio, infraestructura y control del programa. Se evidenciaron fallas en higiene, almacenamiento y refrigeración de alimentos, así como deficiencias en la cobertura y participación de la comunidad. Se presentan recomendaciones para mejorar la ejecución del PAE, incluyendo mayor financiamiento, supervisión y capacitación.
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    Versión de fácil lectura sobre el proceso de valoración de apoyos para personas con discapacidad /
    (Defensoría del Pueblo, Defensoría Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2022) Castillo Africano, Yudy Marinella
    La Ley 1996 del 2019 protege el derecho que tenemos todas las personas con discapacidad a tomar decisiones solos o con apoyos. Esta Ley establece un sistema de apoyos y elimina el proceso de interdicción según el cual otras personas decidían por nosotros. También nos lleva a entender que la discapacidad es una forma de diversidad en las personas, que no nos impide participar en la sociedad, siempre que esta nos ayude a eliminar las barreras que puedan dificultar el ejercicio de nuestra capacidad legal.
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    Análisis contextualizado del conflicto armado en Colombia Tomo III
    (Defensoría del Pueblo; Consejo de Estado, 2024) Pazos Guerrero, Ramiro; Prieto, Carlos; Santofimio Gamboa , Jaime Orlando
    Dos razones históricas de gran relevancia pública justifican en Colombia la existencia de una jurisdicción contencioso-administrativa conformada por un alto tribunal de cierre, el Consejo de Estado. Por una parte, el control del ejercicio del poder público en sus amplias expresiones de función administrativa, y por otra, la reparación de los daños injustos atribuidos al Estado. Esta jurisdicción especializada ha cumplido una labor muy importante en la defensa y garantía de los derechos y libertades, lo que le ha merecido, en general, reconocimiento por su imparcialidad, independencia y autonomía frente a los poderes públicos. A partir de 1914, siguiendo de cerca el modelo francés, comenzó a operar esta nueva jurisdicción de control de legalidad de las actuaciones estatales (Sarmiento, 2012). Y desde 1964 se consolidó como el juez de la responsabilidad del Estado por daños; esta competencia fue ratificada y fortalecida por la Constitución de 1991, al establecer una cláusula general de responsabilidad estatal por daños antijurídicos derivados del ejercicio de las funciones estatales, esto es, la función administrativa, la función legislativa y la función jurisdiccional; es decir, no existe entidad u organismo estatal que pueda ser inmune al control judicial por las acciones u omisiones de los agentes públicos cuando lesionan derechos, bienes o intereses jurídicamente tutelados, en lo que se denomina la institución de la responsabilidad extracontractual y patrimonial del Estado.