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https://repositorio.defensoria.gov.co/handle/20.500.13061/373

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Anexo técnico; XIII informe de la comisión de seguimiento y monitoreo a la ley de víctimas
(Defensoría del Pueblo, 2026) Procuraduría General de la Nación; Contraloría General de la Nación; Mesa Nacional de participación Efectiva de las Víctimas
El Anexo Técnico XIII presenta un análisis del seguimiento y monitoreo a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con énfasis en los avances y desafíos registrados durante 2025 y el primer trimestre de 2026. El informe examina aspectos presupuestales, prevención y protección, atención, reparación integral y restitución de tierras. Los resultados evidencian avances institucionales y presupuestales, pero también persisten importantes desafíos asociados al desplazamiento forzado, el confinamiento, la protección de líderes y comunidades, el subregistro de víctimas y el cumplimiento efectivo de las medidas de reparación. En este contexto, se destaca la necesidad de fortalecer la articulación institucional, las capacidades territoriales y las acciones orientadas a garantizar los derechos de las víctimas y las garantías de no repetición.
XIII Informe de seguimiento a la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras
(Defensoría del Pueblo, 2026)
El XIII Informe de Seguimiento a la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras analiza los avances y principales desafíos de la política pública para las víctimas durante quince años de implementación. El informe evidencia progresos institucionales, pero también rezagos en reparación integral, indemnización, restitución de tierras, participación y atención territorial. Asimismo, destaca la necesidad de fortalecer la coordinación institucional y garantizar el goce efectivo de los derechos de las víctimas.
XIV Informe de seguimiento al Decreto Ley Étnico 4635 de 2011
(Defensoría del Pueblo, 2026-08-20)
Este informe pasa por 14 años de nacimiento del Decreto Ley 4635 de 2011, que fue promulgado como parte del conjunto de normas especiales derivadas de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), reconociendo por primera vez el carácter étnico diferenciado de los Pueblos Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros en el contexto del conflicto armado. Fue una respuesta jurídica al clamor de décadas por justicia, reparación y garantía de derechos, el Decreto reconoce una deuda histórica con estos pueblos: el abandono estatal, el racismo estructural, el despojo territorial y la victimización sistemática. Por ello en su momento fue recibido con esperanza, como una gran oportunidad para reparar siglos de exclusión. Sin embargo, catorce años después, esa esperanza ha dado paso a la frustración, por ello este informe tiene un sabor agridulce si pudiéramos decirlo de alguna manera.
XIV Informe de seguimiento al Decreto Ley Étnico 4634 de 2011
(Defensoría del Pueblo, 2026-08-20)
Este documento corresponde al XIV Informe elaborado por la Comisión de Seguimiento y Monitoreo - CSMDL, al Decreto Ley 4634 de 2011, “Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al Pueblo Rrom o Gitano”, durante la vigencia 2023-2025. Su elaboración responde al mandato legal establecido en el artículo 109 del Decreto Ley 4634 de 2011, el cual señala como función primordial de la Comisión hacer seguimiento al proceso de diseño, implementación, ejecución y cumplimiento de las medidas contenidas en este Decreto en materia de atención, asistencia y reparación integral al Pueblo Rrom víctima del conflicto armado.
Informe de tutelas en salud 2024
(Defensoría del Pueblo, 2026-03) Vaca González, Claudia Patricia; Bernal Carmargo, Diana Rocio; Gómez Muñoz, Carolina; Vargas Aponte, Luisa Fernanda; González Lizarazo, Lyda Mariana entre otros
El año 2024 marcó un hito en la historia de la acción de tutela en Colombia. Con 912 614 acciones radicadas, el país alcanzó la cifra más elevada desde la creación de esta acción constitucional en 1991, lo que representa una tasa de 173,46 tutelas por cada 10 000 habitantes y un incremento del 23,30 % respecto al año anterior. De este total, 265 173 tutelas (29,06 %) invocaron el derecho a la salud, cifra que supera el promedio histórico de 28,73 % y que registró el mayor crecimiento absoluto entre todos los derechos, con un incremento del 34,08 % respecto a 2023. El acumulado histórico de tutelas en salud entre 1999 y 2024 asciende a 2 779 815 acciones.
Informe defensorial el posacuerdo en los territorios étnicos
(Defensoría del Pueblo; Delegada para los grupos étnicos, 2020) Pinilla Zuleta, Manuel Bernardo; Jaramillo Hennesy, Alejandro
Por más de tres años los pueblos de Colombia exigieron su participación en el Proceso de Paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC-EP-. Solicitaban que se incluyera el enfoque étnico y territorial en los diferentes puntos de la agenda del Acuerdo, a fin de no vulnerar los derechos consagrados en la Constitución de 1991.
Informe de movilidad humana 2024 - 2025
(Defensoría del Pueblo; Delegada para los derechos de la población en movilidad humana, 2026)
La Defensoría del Pueblo, a través de la delegada para los derechos de la población en movilidad humana, en ejercicio de su mandato constitucional y en el marco del estado de cosas inconstitucional (ECI) en materia de desplazamiento forzado, presenta el Informe de movilidad humana 2024 – 2025. Este documento consolida el monitoreo defensorial realizado a las diferentes macroregiones7 nacionales donde se evidencia la persistencia y agudización de una crisis humanitaria multidimensional que desborda la capacidad de respuesta estatal.
Informe alternativo al séptimo informe presentado por el Estado de Colombia al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
(Defensoría del Pueblo, 2025)
Este documento, elaborado por la Defensoría del Pueblo de Colombia en 2025, es un informe alternativo presentado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas para evaluar el cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano entre 2019 y 2025. A lo largo de sus páginas, analiza de manera sistémica e interdependiente factores estructurales y coyunturales de gran impacto, tales como los efectos socioeconómicos de la pandemia por COVID-19, el incremento de la conflictividad y la movilización social, y las recientes reformas impulsadas bajo transiciones políticas. Asimismo, el texto profundiza en las persistentes brechas territoriales y de género en materias críticas como el empleo, la pobreza, la salud, la educación y la seguridad alimentaria, al tiempo que examina el estado de la implementación del Acuerdo Final de Paz, los desafíos presupuestales y la preocupante situación de seguridad que enfrentan los defensores de derechos humanos en el país.
Conflictividad social en Colombia Informe primer semestre 2025 / Resumen ejecutivo
(Defensoría del Pueblo, 2025-09)
Este informe ejecutivo de la Defensoría del Pueblo de Colombia revela que entre enero y junio de 2025 se registraron 1.834 eventos de conflictividad social en el país, lo que representa un incremento del 6% respecto al mismo periodo del año anterior. Las principales causas de estas movilizaciones estuvieron asociadas a demandas laborales (20%), exigencias en el derecho a la educación (13%), reclamos por inversión o presencia estatal (13%) y preocupaciones por la seguridad y la vida (12%), concentrándose la mayor cantidad de hechos en las regiones Andina y Caribe. Ante este panorama, marcado también por la polarización política y desafíos en el cumplimiento de compromisos previos , la entidad enfatiza la importancia del diálogo social, el enfoque de género y la articulación institucional preventiva para evitar el escalamiento de la violencia en lo que resta del año.
Conflictividad social en Colombia / Informe primer semestre 2025
(Defensoría del Pueblo, 2025) Soler Herrera, Julliet Andrea
El informe sobre la conflictividad social en Colombia durante el primer semestre de 2025, elaborado por la Defensoría del Pueblo, expone el panorama general y comparativo de las protestas y reclamos ciudadanos motivados principalmente por tensiones políticas respecto a las reformas legislativas, deficiencias en los servicios públicos, problemáticas laborales, barreras en la educación y la salud, y la exigencia de inversión estatal y protección de derechos humanos. Geográficamente, la región Andina registró el mayor número de eventos de conflictividad (31%), seguida por la región Caribe (29%), evidenciando dinámicas diferenciadas de movilización que incluyeron desde plantones hasta bloqueos de vías. Para abordar y transformar estas disputas bajo enfoques diferenciales y de género, la entidad participó activamente en 125 espacios de diálogo como garante de derechos y en 22 mesas como mediadora, advirtiendo finalmente sobre potenciales escenarios de escalamiento para el resto del año debido a demoras en los acuerdos, presiones preelectorales y descontentos en sectores agrarios, mineros y juveniles.
Armero: ¿40 años de vulneración de derechos? / Memoria y lecciones para la gestión del riesgo de desastres en Colombia
(Defensoría del Pueblo, 2025-11)
Las voces que se arrancan de las palabras situadas en las páginas de este documento, y las que todavía no han podido emerger del silencio y el olvido, van develando respuestas. Aquí, enumero, algunas razones para leer este informe, otro informe sobre Armero: Porque cuando hay miles de personas que han sido desplazadas, que han perdido sus redes, su identidad, su barrio, sus amistades y su trabajo, y han sido reubicadas o deambulan sin anclar sus raíces en nuevos sitios, se pierde la escala humana que permite conocer sus nombres, sus trayectorias, sus rostros y experiencias, y trabajar para reparar, para componer identidades politerritoriales dignas, que les permitan vivir en presente en su nuevo lugar sin dejar de ser armeritas.
Informe Seguimiento a las órdenes emitidas por la Corte Constitucional colombiana al auto 092 de 2008 y al auto 009 de 2015 en el departamento del Valle del Cauca
(2024) Salguero Diaz, Sandra Viviana
Las violencias contra las mujeres tienen su origen y arraigo cultural en lo que se ha descrito como estereotipos y roles de género, los cuales son ideas y creencias inflexibles, generalizadas y naturalizadas con respecto a la subordinación de las mujeres y que de manera sustantiva impiden el acceso y goce pleno de sus derechos. Estos estereotipos se reproducen y exacerban en el conflicto armado, generando así una serie de violencias psicológicas, físicas, sexuales y patrimoniales, que se incrementaban además, en riesgo e intensidad, a partir de la pertenencia étnica y las orientaciones sexuales diversas de las mujeres. A partir de los dolorosos relatos de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado y de violencia sexual en el marco del conflicto armado, sumado a las penosas condiciones de discriminación, pobreza, riesgos y falta de garantía de derechos que tuvieron que soportan al llegar a nuevos asentamientos, especialmente a las zonas urbanas, la Corte Constitucional Colombiana en los años 2008 y 2015, emite dos autos diferenciales que se han convertido en punto de referencia, con relación al análisis de las condiciones y riesgos que conlleva el ser mujer en el conflicto armado en nuestro país.
Informe regional sobre la situación de la niñez y adolescencia migrante en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá
(Defensoría del Pueblo, Delegada para la infancia, la juventud y la vejez, 2024) Pelacani, Gracy
El Informe regional sobre la situación de la niñez y adolescencia migrante en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá busca dar cuenta de la situación de derechos humanos en el marco de los procesos migratorios que se han consolidado en América Latina y tienen como destino llegar a Estados Unidos. Este documento es producto de una iniciativa de la Defensoría del Pueblo de Colombia ante el incremento constante de situaciones que vulneran los derechos de este grupo etario de especial protección. Según datos de Unicef en el continente americano hay 73.5 millones de migrantes internacionales, población que ante la exposición constante de riesgo se convierte en un grupo con necesidades de protección internacional y de asistencia humanitaria. En los últimos años, Colombia se ha visto inmersa en este contexto migratorio, ya que, comparte fronteras terrestres con 5 países, lo que ha generado oleadas de migración y diferentes escenarios de vulneración de derechos, en que niñas, niños y adolescentes resultan ser los más afectados.
Seguimiento a las órdenes emitidad por la Corte Constitucional colombiana al auto 092 de 2008 y al auto 009 de 2015 en el Departamento del Valle del Cauca
(Defensoría del Pueblo, Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos del Género, 2024) Salguero Diaz, Sandra Viviana, Marquez Benavides, Mónica Marcela
Las violencias contra las mujeres tienen su origen y arraigo cultural en lo que se ha descrito como estereotipos y roles de género, los cuales son ideas y creencias inflexibles, generalizadas y naturalizadas con respecto a la subordinación de las mujeres y que de manera sustantiva impiden el acceso y goce pleno de sus derechos. Estos estereotipos se reproducen y exacerban en el conflicto armado, generando así una serie de violencias psicológicas, físicas, sexuales y patrimoniales, que se incrementaban, además, en riesgo e intensidad, a partir de la pertenencia étnica y las orientaciones sexuales diversas de las mujeres. A partir de los dolorosos relatos de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado y de violencia sexual en el marco del conflicto armado, sumado a las penosas condiciones de discriminación, pobreza, riesgos y falta de garantía de derechos que tuvieron que soportan al llegar a nuevos asentamientos, especialmente a las zonas urbanas, la Corte Constitucional Colombiana en los años 2008 y 2015, emite dos autos diferenciales que se han convertido en punto de referencia, con relación al análisis de las condiciones y riesgos que conlleva el ser mujer en el conflicto armado en nuestro país.
Incidencia del servicio de defensoría pública en la situación de derechos humanos de la población privada de la libertad en establecimientos penitenciarios de Colombia
(Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional de Defensoría Pública, 2020) Blanco Galindo , Daniela; Castillo Africano, Yudy Marinella
Un alto porcentaje de las personas privadas de la libertad en Colombia está en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Según un informe de la Universidad de los Andes (s. f., p. 6), el 79,4 % de esta población pertenece a los estratos 1, 2 y 3, lo cual les obstaculiza la garantía del derecho al acceso a la justicia, al no poder pagar los honorarios de un abogado de confianza que les permita contar con una defensa técnica y un debido proceso. Además de esta situación, las personas privadas de la libertad se han caracterizado históricamente por ser un grupo que sufre de forma sistemática múltiples vulneraciones de derechos como hacinamiento, alimentación indigna, servicios de salud insuficientes, abusos de poder, etc. Tal ha sido la magnitud de afectación a la dignidad de quienes están privados de la libertad, que la Corte Constitucional ha reiterado en varias ocasiones la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) en el Sistema Penitenciario y Carcelario del país.
Observatorio de acciones constitucionales
(Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales., 2024) Avendaño Villar, Jenny; Aguilar Sandoval, Claudia; Weber Angulo, Maria Antonia
La Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, en el marco de lo dispuesto en el artículo 282 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 025 de 2014, ha desplegado el ejercicio de sus funciones mediante la atención de las solicitudes ciudadanas para el ejercicio de los mecanismos e instrumentos constitucionales y legales. Brindando asesoría jurídica para que las personas interesadas y a quienes se les han vulnerado sus derechos fundamentales y colectivos, interpongan por sí mismas dichas acciones o soliciten la intervención de la Defensoría del Pueblo para su interposición de acuerdo con la situación fáctica y con las normas jurídicas aplicables al caso particular, en procura de la resolución de todos aquellos conflictos y reivindicaciones sociales que amenacen y/o vulneren los derechos humanos, susceptibles de ser resueltos en las respectivas instancias judiciales.
Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz
(Defensoría del Pueblo, Delegada Para los Grupos Étnicos., 2024) Ocoró Grajales, Natalia; Angulo Valencia, Eliana Sofía; Velasco, Nancy Yenny
La Defensoría del Pueblo es la institución del Estado colombiano responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional y de los colombianos en el exterior, en el marco del Estado Social de Derecho democrático, Participativo y Pluralista, mediante las siguientes acciones integradas: promover, ejercer, y divulgar los derechos humanos; proteger y defender los derechos humanos y prevenir sus violaciones; fomentar la observancia del Derecho Internacional Humanitario; atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos, y; proveer el acceso a la administración de justicia, en los casos v señalados en la Ley.
Informe de gestión misional 2020-2024
(Defensoría del Pueblo, 2024)
El propósito del presente informe es dar a conocer las acciones, iniciativas, proyectos y resultados obtenidos durante el periodo comprendido entre septiembre de 2020 y julio de 2024 por la Defensoría del Pueblo, en ejecución de las facultades y deberes que le han sido asignados. El informe se divide en cuatro capítulos, acorde con la estructura del mapa de procesos de la entidad, enfocados en primera instancia en los procesos estratégicos, seguidos por los misionales, los administrativos y, finalmente, los de evaluación. Se hace especial énfasis en la parte misional de la entidad, detallando la misión, visión, las principales facultades y competencias, así como la estructura organizativa que ha sido adoptada por la entidad para el desarrollo de sus actividades. Asimismo, se indica el marco legal y normativo, y las políticas y lineamientos estratégicos de la Defensoría del Pueblo.
Informe anual vulneraciones a los Derechos Humanos de los periodistas en Colombia
(Defensoría del Pueblo, Centro de estudios en Derechos Humanos, 2024) Castellanos, Juan Carlos; Solano Jiménez, Julio
Desde la Defensoría del Pueblo, presentamos informe sobre las vulneraciones a los derechos humanos de los periodistas en Colombia. Este informe revela una realidad preocupante: los periodistas enfrentan una serie de desafíos y peligros en el ejercicio de su labor, ya que son blanco de grupos armados ilegales, organizaciones criminales y delincuencia común. Las amenazas a su vida, integridad física, psicológica y moral se suman a las distintas vulneraciones contra sus derechos laborales y su derecho a la libertad de expresión. Estos actos representan un ataque continuo contra la libertad de prensa y, en última instancia, contra la democracia misma.
Informe sobre movilidad humana forzada en Colombia 2023 (01 de enero al 31 de diciembre de 2023)
(Defensoría del Pueblo, Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, 2024) Navarro Carrasco, Rafael Hernando; González García, José Alberto Quijano Ochoa, Yesica Vanesa
El presente informe registra las actuaciones adelantadas por los equipos en terreno y del nivel nacional de la Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, los cuales visibilizan las problemáticas que a nivel nacional se presentan con la población confinada, desplazada y riesgo de estar des plazada o confinada; las que se encuentran en procesos de retornos, reubicación o de integración local; así como la población migrante, asilada, refugiada y con necesidad de protección internacional. Este es el segundo informe publicado por parte de la Defensoría del Pueblo y constituye una fuente de consulta de la opinión pública y de incidencia de los entes del control respecto de las entidades garantes de derechos, ya que refleja los hallazgos y recomendaciones a estas para que dentro de sus competencias cumplan las obligaciones asignadas en la constitución, leyes y demás actos administrativos que reglamentan.

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