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HALLAZGOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DEFENSORIAL QUE VERIFICA LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA BENEFICIARIA DEL PAE Edición 4
(Defensoría del Pueblo, 2024) Diaz , Icela; García Guerra, Diana Patricia; Duque Puelido, Camila
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Colombia tiene por objetivo contribuir con el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar y registrados en la matrícula oficial, fomentando estilos de vida saludables y mejorando su capacidad de
aprendizaje, a través del suministro de un complemento alimentario.
Durante el 2023 benefició a 5.7 millones de niños, niñas y adolescentes. Durante todo el año, la Unidad Administrativa de Alimentos para Aprender (UApA) presentó, mediante el Informe Operacional, distintas alertas donde se advertía la falta de continuidad en el Programa. En el último reporte con corte a 14 de noviembre, se presentaron alertas para las siguientes entidades territoriales: Amazonas suspendió operación desde el 15 de septiembre, Cesar desde el 31 de octubre, en Córdoba se suspendió la operación para población en general desde el 30 de mayo de 2023 a cargo de la Gobernación de Córdoba, afectando a 156.690 estudiantes y en Guaviare
se presentó suspensión para beneficiarios indígenas desde el 24 de octubre.
Situación de los derechos fundamentales de los pueblos Jiw y Nükak frente a las órdenes de la Corte Constitucional para superar el ECI
(Defensoría del Pueblo, 2023) Córdoba Ordoñez , María Constanza; León Martinez, Jenyth Shulay; Moreno Santana, John Henry; Osorio Mejia, José Manuel; Perico Torres, María Camila
La Defensoría del Pueblo, en su calidad de entidad del Ministerio Público encargada de “velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos” y en el marco de sus funciones legales, constitucionales y jurisprudenciales, a través de la Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana ha venido haciendo un seguimiento al acceso y ejercicio de los derechos de la población desplazada, así como al cumplimiento de los mandatos de la
honorable Corte Constitucional en el marco de la Sentencia T-025 de 2004.
Este seguimiento se ha concentrado en la situación de vulneración de derechos de los pueblos Jiw y Nükak en los departamentos de Meta y Guaviare, víctimas de desplazamiento forzado. En un contexto histórico de riesgo de exterminio físico y cultural, evidenciado por la Corte Constitucional en la emisión del Auto 004 de 2009, la Defensoría del Pueblo ha registrado, sistematizado y analizado las diversas circunstancias de vulneración, así como la evaluación de la respuesta institucional para superarlas en los últimos años.
LA LIBRE COMPETENCIA Y SU IMPACTO EN LOS DERECHOS CIUDADANOS
(Defensoría del Pueblo, 2023) Archila Peñalosa, Emilio José
Para la Defensoría del Pueblo, como institución de derechos humanos, es grato presentar este trabajo titulado “La libre competencia y su impacto en los derechos ciudadanos”, que refleja el resultado de una exhaustiva investigación llevada a cabo para abordar con rigurosidad la naturaleza y alcance de la libre competencia, cuya importancia en Colombia se manifiesta en la inclusión de dicho principio dentro del capítulo de intereses y derechos colectivos.
Este documento contribuye a la discusión sobre la relevancia de garantizar y respetar la libre competencia debido a su impacto en los derechos individuales. Se centra en analizar la libre competencia como un derecho colectivo y se explora su fundamento en el marco constitucional colombiano y la economía social de mercado, así como las diversas acciones emprendidas para protegerlo y fomentarlo. Asimismo, se presta especial atención al examen de las prácticas restrictivas a la competencia con énfasis en sectores sujetos a regímenes especiales, como la salud, los servicios públicos domiciliarios, entre otros. De igual manera, se destaca la importancia de abordar la competencia desleal como un medio para prevenir posibles perjuicios colectivos.
EL LITIGIO ESTRATÉGICO DEFENSORIAL COMO MECANISMO PARA SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO ECOLÓGICO DE LA NACIÓN
(Defensoría del Pueblo, 2024) Blanco Zuñiga, Gilberto Augusto
A más de interesar al colectivo social en su conjunto, lo que se disponga en los pronunciamientos que emite la judicatura respecto de las causas ambientales desborda el exclusivo interés particular de los ciudadanos intervinientes. Se trata de temas de dominio público que abarcan tanto el presente como el futuro, y que envuelven un componente axiológico sin parangón donde el Juez debe actuar conciliando los intereses del Derecho, el Estado y la inmensidad de garantías discutidas en esas causas.
La protección que el Derecho y el Estado le han dispensado a los recursos naturales ha tenido una evolución significativa, mutando del Estado Monárquico, el Legislativo y el Social, todos hasta ahí insuficientes en orden a lograr la contención y conservación debidas, obligándonos a
avanzar hacia la Colombia de hoy, que se entroniza como un verdadero Estado de Derecho Ambiental.
Esta última estructura estatal implica un poder judicial robusto y eficaz, provisto de audacia e imaginación para amparar suficientemente los recursos naturales por medio de las decisiones que emite. En su proceso de operación los jueces y tribunales se pronuncian, y justamente debido a
la confianza ganada en el seno de la sociedad y de la misma historia, sus decisiones han alcanzado un espacio de privilegio en nuestra democracia, máxime porque se han visto decididamente acompañados en todas las etapas de la actuación judicial e incluso en el cumplimiento de sus sentencias, por los ojos de la Defensoría del Pueblo.
Herramienta pedagógica dirigida a facilitadores para el desarrollo del curso pedagógico Módulo III: Protección integral
(Defensoría del Pueblo, 2023) Acebedo Pérez, Laura; Prado Hernández, Martha Ligia
Una de las principales funciones de la Defensoría del Pueblo, establecida por mandato constitucional y legal, es la de la promoción y divulgación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Así las cosas, el Decreto 25 de 2014, por el cual se modifica la estructura orgánica y se constituye la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, en el artículo 1, refiere que esencialmente le corresponde a la entidad velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos.
En ese sentido, la entidad ha asumido esta función no solo como una acción informativa, sino como un proceso de reflexión, de transformación y de acción frente al ejercicio de los derechos, a través de procesos de formación en ámbitos formales, no formales e informales; con la convicción de crear y mantener una cultura de práctica y ejercicio de los derechos humanos como aspecto fundamental de respeto a la dignidad humana.
Es así que los procesos de formación buscan generar escenarios en los que a través de las actividades desarrolladas se puedan transformar prácticas de amenaza y/o vulneración de derechos, por acciones de respeto por las diferencias, por la vivencia y defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, cada proceso de formación debe contar con una estructura conceptual, pedagógica y metodológica.
Por otro lado, la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, establece responsabilidades, competencias y acciones por parte de la familia, la sociedad y el Estado, con el fin de promover y garantizar el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Es decir, plantea el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.
Herramienta pedagógica dirigida a facilitadores para el desarrollo del curso pedagógico Módulo II: Derechos de los niños, niñas y adolescentes
(Defensoría del Pueblo, 2023) Acebedo Pérez, Laura; Prado Hernández, Martha Ligia
Una de las principales funciones de la Defensoría del Pueblo, establecida por mandato constitucional y legal, es la de la promoción y divulgación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Así las cosas, el Decreto 25 de 2014, por el cual se modifica la estructura orgánica y se constituye la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, en el artículo 1, refiere que esencialmente le corresponde a la entidad velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos.
En ese sentido, la entidad ha asumido esta función no solo como una acción informativa, sino como un proceso de reflexión, de transformación y de acción frente al ejercicio de los derechos, a través de procesos de formación en ámbitos formales, no formales e informales; con la convicción de crear y mantener una cultura de práctica y ejercicio de los derechos humanos como aspecto fundamental de respeto a la dignidad humana.
Es así que los procesos de formación buscan generar escenarios en los que a través de las actividades desarrolladas se puedan transformar prácticas de amenaza y/o vulneración de derechos, por acciones de respeto por las diferencias, por la vivencia y defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, cada proceso de formación debe contar con una estructura conceptual, pedagógica y metodológica.
Por otro lado, la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, establece responsabilidades, competencias y acciones por parte de la familia, la sociedad y el Estado, con el fin de promover y garantizar el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Es decir, plantea el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.
Herramienta pedagógica dirigida a facilitadores para el desarrollo del curso pedagógico Módulo I: Generalidades
(Defensoría del Pueblo, 2023) Acebedo Pérez, Laura; Prado Hernández, Martha Ligia
Una de las principales funciones de la Defensoría del Pueblo, establecida por mandato constitucional y legal es la de la promoción y divulgación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Así las cosas, el Decreto 25 de 2014, por el cual se modifica la estructura orgánica y se constituye la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, en el artículo 1, requiere que esencialmente le corresponde a la entidad velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos.
Observatorio de Derechos Humanos Defensoría del Pueblo 1er trimestre 2023
(Defensoría del Pueblo, 2023) Lovo Carretero, Tito Lorenzo; Gómez Amín , Alberto Andrés; González García, José Alberto; Martínez , Vannesa; Bustamante Arango, Diana Marcela; Rangel Esparza, María Fernanda; Calero Chacón, Jorge Enrique; Valcarcel Zarate, Alberto José; Arias Macías, Ricardo
Constituye motivo de satisfacción para la Institución de Derechos Humanos que lidero,
presentar el Boletín del primer trimestre de 2023 del Observatorio de Derechos Humanos de la
Defensoría del Pueblo. Su propósito fundamental es dar a conocer a la ciudadanía y a la institucionalidad los datos referentes al resultado del monitoreo y el análisis de algunas de las situaciones de vulneración de derechos humanos que han sido priorizadas por esta entidad, dada la gravedad de las cifras y la población de especial protección constitucional que se ve afectada con ellas, en diferentes escenarios.
Esta versión resume, entonces, las cifras que soportan las tendencias cuantitativas y cualitativas de las conductas vulneratorias monitoreadas en los meses de enero, febrero y marzo del año 2023, dentro de las que se destacan: los reportes de secuestros ocurridos en el territorio nacional, construidos con el apoyo de las Defensorías Regionales; los homicidios de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de DD. HH.; el estado del hacinamiento carcelario; los eventos que afectan la población en condición de desplazamiento, confinamiento forzado masivo
y comunidades en riesgo; las afectaciones y actos de violencia contra las mujeres y la población con orientaciones e identidades de género diversas; las vulneraciones a niños, niñas, adolescentes y el adulto mayor; los problemas que impactan los conflictos sociales; los procesos de atención y trámite de quejas por vulneraciones de los derechos humanos con enfoque diferencial; los hechos victimizantes de desaparición forzada, y las amenazas a líderes y lideresas sindicales.
Documento de advertencia Situación de desabastecimiento de agua potable en el distrito Turistico,
(Defensoría del Pueblo, 2023) Ardila Ariza, Mayibe; Bonilla Sánchez , Tatiana; de Andreis, María del Carmen; Piñeros Lara, Sergio; Samiento Rondón, Daniel; Santos Matínez, Fernando
Toda comunidad, cualquiera que sea su nivel de desarrollo o sus circunstancias económicas y sociales, posee un derecho fundamental e inalienable: el acceso al agua potable en una cantidad y calidad que satisfaga sus necesidades esenciales.
La escasez de agua, su contaminación, el acceso desigual, la falta de infraestructura, así como los conflictos y las crisis humanitarias comprometen este derecho fundamental, que puede verse gravemente afectado, poniendo en riesgo la vida y la salud de las personas.
Desde el año 2002, el derecho humano al agua fue objeto de reconocimiento explícito por medio de la Observación General Número 15 al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas en 20101, marca un hito importante en el respeto, protección y realización de estos derechos, al reconocer de manera expresa el derecho humano al agua y al saneamiento, y la importancia de su disponibilidad en condiciones equitativas como componente esencial del disfrute de todos los derechos humanos.
Resumen ejecutivo Relatoria Diálogos Ciudadanos sobre la Reforma a la Salud
(Defensoría del Pueblo, 2023)
La Defensoría del Pueblo, como entidad de derechos humanos y para proteger el derecho fundamental a la salud, así como para promover la democracia participativa, eje central de nuestro Estado Social de Derecho, generó y lideró un espacio de participación de seis foros denominados Diálogos Ciudadanos, con sectores representativos del Sistema de Salud: (i) Pacientes, Usuarios, Cuidadores y sus gremios, Observatorios, Sociedad Civil; (ii) Empresas Administradoras de Planes de Beneficios [EAPB] y sus gremios; (iii) Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud [IPS], Clínicas. Hospitales y sus gremios y Empresas Sociales del Estado [ESE]; (iv) Actores del sistema relacionados con la industria farmacéutica y sus gremios; (v) Academia, Asociaciones Científicas, Talento Humano en Salud, Dirigencia sindical y sus gremios; (vii) Autoridades Territoriales y Ex ministros de salud.